Memorándum Contabilidad

Antecedentes.

 

  1. Con fecha 9 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por virtud del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, mismas que entraron en vigor el 1° de Enero de 2014, con excepción de la relativa a la obligación de enviar información contable a través de la página de internet del SAT, contenida en el artículo 28 fracción IV del código mencionado, cuya entrada en vigor se contemplaría en las reglas de carácter general que se emitieran con posterioridad.

El artículo de referencia establece textualmente lo siguiente:

 

Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

 

 

  1. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

 

  1. Con fecha 30 de Diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, por virtud del cual se dispone en su artículo cuadragésimo tercero transitorio que la obligación de enviar la información contable a través de la página de internet del SAT, contenida en el artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, entraría en vigor el 1° de Julio de 2014.
  1. Por último, con fecha 4 de Julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014 emitida por el Servicio de Administración Tributaria, por virtud del cual la autoridad fiscal señala la información que deberá ser proporcionada por el contribuyente para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, así como la forma de su envío.

Puntos de Inconstitucionalidad.

Del análisis efectuado a los ordenamientos jurídicos que regulan la nueva obligación de referencia, se pudo constatar diversos puntos de inconstitucionalidad que es factible argumentar para obtener el Amparo de la Justicia Federal, ello de acuerdo con lo siguiente:

 

 

  • Ausencia de una orden debidamente fundada y motivada.

Como primera inconstitucionalidad advertida del artículo anteriormente citado, tenemos que el mismo resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, en virtud de que obliga a los contribuyentes a ingresar su contabilidad de forma mensual en la página de internet, sin que para tal efecto medie una orden debidamente fundada y motivada que la faculte para ello, por lo que exige de los contribuyentes la aportación de documentos privados, sin que para tal efecto se haya emito un mandamiento escrito que expresamente autorice la práctica de una facultad de comprobación.

Asimismo se permite a la autoridad administrativa ejercer facultades de comprobación, requerir, sancionar e inclusive, limitar el efectivo ejercicio a la Devolución y Compensación de Contribuciones, sin que para ello medie orden debidamente fundada y motivada, ni un procedimiento al cual deba constreñirse la autoridad en aras de salvaguardar los derechos del particular y evitar una actuación arbitraria por parte de la misma, lo anterior máxime si se considera que la información contable que se pretende enviar por el contribuyente resultan papeles personales que no son definitivos, por virtud de su naturaleza flexible y que a su vez éstos exponen la secrecía y confidencialidad de la contabilidad del contribuyente sin que exista un procedimiento debidamente reglado para efectos de su tratamiento, y a su vez, se actualiza una ampliación de los plazos legales para el desarrollo de facultades de comprobación al revisar documentos que en su caso podrían únicamente obtenerse en el ejercicio de facultades de comprobación debidamente regladas y contenidas en el Código Fiscal de la Federación.

 

  • De la ilegalidad e inseguridad jurídica ocasionada por virtud de la arbitrariedad del precepto.

 

Como tercera inconstitucionalidad advertida, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que no obstante establecerse una nueva obligación fiscal a cargo de los contribuyentes -cuyo incumplimiento pudiera incurrir en una infracción, sanción, y posible limitante en el efectivo ejercicio del derecho a la devolución y compensación, se introducen elementos ambiguos e indeterminados que dejan lugar a la interpretación, permitiendo de esa manera la actuación arbitraria de la autoridad fiscal, en particular la actualización de posibles “errores informáticos” en términos de la Regla I.2.8.7, tercer párrafo de la Segunda Resolución Miscelánea para 2014, en relación al artículo 28, fracción IV del CFF.

 

  • De la falta de proporción entre la norma reclamada y sus reglas de carácter general, con la finalidad de su creación fijada a través del proceso legislativo que les dio origen.

 

Asimismo, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que las Reglas Misceláneas emitidas por parte de la autoridad administrativa en términos del artículo 28, fracción IV del CFF, contravienen e incumplen flagrantemente la finalidad por la cual fue aprobada la adición de dicho numeral, evidenciando la actuación arbitraria de la autoridad al supuesto amparo de las normas reclamadas.

En efecto, lo anterior es así ya que el fin último para lo que la disposición que nos ocupa fue creada por los legisladores, fue que con su implementación se simplificaran las obligaciones del contribuyente, tal y como se advierte de la exposición de motivos del proceso legislativo, y en la especie, el único resultado de su implementación resulta ser la imposición de obligaciones adicionales y sobrecarga administrativa.

  • Violación al principio de reserva de ley, al delegar al SAT facultades materialmente legislativas.

 

Como cuarta inconstitucionalidad advertida del artículo anteriormente citado, el precepto analizado causa un estado de incertidumbre e indefensión al contribuyente, violando así los artículos 89, fracción I y 133 Constitucionales en relación al principio de ley, toda vez que se otorgan facultades legislativas a la autoridad administrativa, para efectos de que mediante reglas de carácter general determine la forma y elementos para efectos del cumplimiento de la obligación fiscal, situación que crea un estado de incertidumbre, trasgrediendo así lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior es así ya que el SAT, mediante reglas de carácter general, definirá qué información es la que se ingresará mensualmente a la página de internet vía Buzón Tributario y la manera de enviarla, delega al SAT facultades materialmente legislativas, que no le competen a las autoridades administrativas, máxime si se observa que mediante dichas Reglas no únicamente se define la “información contable” a ingresar y vía de ingreso, sino la posibilidad de ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad administrativa no previstas dentro de nuestros ordenamientos legales, sanciones, e inclusive una limitante al efectivo ejercicio del derecho de Compensación y Devoluciones.

  • Violación al principio de reserva de ley, al delegar al SAT facultades materialmente legislativas.

 

Ahora bien, el artículo en cita,  el precepto analizado causa un estado de incertidumbre e indefensión al contribuyente, violando así los artículos 89, fracción I y 133 Constitucionales en relación al principio de ley, toda vez que al establecer la Regla I.2.8.8 de la Segunda Resolución Miscelánea para 2014, la obligación de exhibir el acuse del envío de información en términos del artículo de referencia, la autoridad administrativa adiciona requisitos y presupuestos legales para el efectivo ejercicio del derecho a la Devolución y Compensación, no obstante que la regulación de dichos derechos, son materia propiamente legislativa.

  • Ilegalidad ocasionada por virtud de la incertidumbre causada al estar vigentes simultáneamente dos normas que se contraponen.

Finalmente y como última inconstitucionalidad advertida del artículo que nos ocupa, el mismo viola los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, ya que en virtud de la actividad comercial del contribuyente, se le ubica en un estado de incertidumbre jurídica respecto del debido cumplimiento de sus obligaciones y derechos, ello al encontrarse vigentes las normas reclamadas de manera simultánea con otra disposición cuyos efectos se contradicen, como lo es el artículo 33 del Código de Comercio y el principio de libre organización contable que consagra, y a partir del cual, se estable que todo comerciante establecerá el sistema de contabilidad que considere adecuado al giro de su negocio.

Oportunidad Procesal para la interposición de la demanda de garantías.

En relación a la oportunidad procesal para la interposición del amparo en contra del artículo cuya inconstitucionalidad se ha analizado a través del presente escrito, sería dentro de los 30 días en que entra en vigor la obligación.

En ese sentido, toda vez que según lo dispuesto por el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 publicada el 30 de Diciembre de 2013 en el DOF, la obligación de ingresar la información contable a través de la página de internet del SAT inicia a partir del próximo 1° de Julio de 2014, el vencimiento fatal para la interposición de la demanda de garantías sería el 12 de Agosto de 2014.

Cualquier duda o comentario nos encontramos a sus órdenes para abundar respecto de dicho tema.

 

Atentamente,

Rafael Rivera                                                Juan Acevedo

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