Información de Operaciones Relevantes

Uno de los importantes cambios que sufrimos por motivo de la Reforma Fiscal para el Ejercicio Fiscal de 2014 y subsecuentes, particularmente por lo que hace al Código Fiscal de la Federación (CFF), es la nueva obligación aplicable tanto a personas físicas como personas morales contenida en el artículo 31-A del CFF, consistente en presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información relativa a las denominadas “Operaciones Relevantes” dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron.

 

Primeramente, cabe hacer mención que dicha obligación nació según la exposición de motivos por parte de nuestro poder ejecutivo, por la supuesta necesidad de la administración tributaria de suplir la información que era obtenida mediante el requisito de presentar dictamen formulado por contador público y el cual se eliminó, por virtud del cual determinados contribuyentes proporcionaban a la autoridad fiscal información sobre distintos rubros.

 

Ahora bien y no perdiendo de vista que aunque el antedicho requisito de presentar dictamen formulado por contador público, no era aplicable a todos los contribuyentes, la nueva obligación contenida en el artículo 31-A del CFF sí lo es, por lo que a partir del 1° de Enero de 2014, todos los contribuyentes que efectúen alguna de las denominadas “operaciones relevantes” deberán presentar la información relativa a las mismas, conforme al calendario que para tal efecto determine el SAT y que señalaremos posteriormente.

 

Bajo dicho orden, cabe hacer mención de manera enunciativa más no limitativa, a cuáles son para la autoridad fiscal las “operaciones relevantes” que deben ser informadas conforme a la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)” y que a groso modo, se distinguen en 5 categorías:

 

  1. Operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley del ISR vigente (pago de cantidades iniciales por operaciones financieras que hayan representado más del 20% del valor del subyacente, operaciones financieras con fines de cobertura comercial, operaciones financieras con fines de negociación, operaciones financieras donde el principal, los intereses y accesorios proviene de la segregación de un título de crédito o cualquier instrumento financiero, entre otros).

 

  1. Operaciones de precios de transferencia (realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de un 20% del valor original de un tipo de transacción con partes relaciones correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables, realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de $5,000.00 el valor original de un tipo de transacción con partes relacionados correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables, entre otros.)

 

  1. Participación en el capital y residencia fiscal (cambio de socios o accionistas en sociedades, enajenación de acciones, cambio de residencia fiscal del extranjero a México, entre otros).

 

  1. Reorganización y reestructuras (reestructura o reorganización por enajenación de acciones, cambio de modelo de negocios a partir del cual realice o dejó realizar alguna función como: maquila o manufactura de bienes propiedad de un residente en el extranjero, distribución o comercialización de bienes adquiridos de un residente en el extranjero, entre otros).

 

  1. Otras operaciones relevantes (enajenación de bienes intangibles, enajenación de bienes por fusión o escisión, enajenación de activos financieros, entre otros).

 

En ese sentido, si algún contribuyente ya sea persona física o moral se encuentra dentro de los supuestos de “operaciones relevantes” a qué hace mención la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, se encuentra obligado a presentar dicha forma a través de la página de internet del SAT de forma mensual, según lo dispuesto en la Regla I.2.8.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en relación con el Resolutivo Noveno de la Séptima Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, y la Regla 2.8.1.16  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, de conformidad con el siguiente calendario:

 

Declaración del mes Fecha límite de presentación
Operaciones celebradas durante el ejercicio 2014 presentando una sola forma oficial No. 76 en donde se engloben las mismas. 30 de abril de 2015 (Próxima prórroga a publicarse en el Diario Oficial de la Federación al 31 de Diciembre de 2015 mediante el Resolutivo Tercero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015)
Enero, febrero y marzo del ejercicio 2015 Último día del mes de mayo de 2015.
Abril, mayo y junio del ejercicio 2015 Último día del mes de agosto de 2015.
Julio, agosto y septiembre del ejercicio 2015 Último día del mes de noviembre de 2015.
Octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2015 Último día del mes de febrero de 2016.

Ahora bien y en virtud del análisis que nuestro equipo se ha dado a la tarea de realizar respecto de los ordenamientos jurídicos que regulan la nueva obligación a que se refiere el presente boletín, consideramos que existen diversos puntos de inconstitucionalidad que son factibles argumentar para obtener el Amparo de la Justicia Federal a través de la presentación de una demanda de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito competentes, ello de acuerdo a lo siguiente:

 

  • Ausencia de una orden debidamente fundada y motivada.

 

Como primera inconstitucionalidad advertida del artículo 31-A del CFF, tenemos que el mismo resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, en virtud de que obliga a los contribuyentes a informar sobre operaciones que se consideren relevantes al SAT, sin que para tal efecto medie una orden debidamente fundada y motivada que la faculte para ello, por lo que exige de los contribuyentes la aportación de información privada, sin que para tal efecto se haya emito un mandamiento escrito que expresamente autorice la práctica de una facultad de comprobación.

 

Asimismo se permite a la autoridad administrativa ejercer facultades de comprobación, requerir y sancionar e inclusive, sin que para ello medie orden debidamente fundada y motivada, ni un procedimiento al cual deba constreñirse la autoridad en aras de salvaguardar los derechos del particular y evitar una actuación arbitraria por parte de la misma, lo anterior máxime si se considera que la información que pretende obtener la autoridad fiscal, expone la secrecía y confidencialidad del contribuyente sin que exista un procedimiento debidamente reglado para efectos de su tratamiento, y a su vez, se actualiza una ampliación de los plazos legales para el desarrollo de facultades de comprobación al revisar documentos que en su caso podrían únicamente obtenerse en el ejercicio de facultades de comprobación debidamente regladas y contenidas en el Código Fiscal de la Federación.

 

  • De la ilegalidad e inseguridad jurídica ocasionada por virtud de la arbitrariedad del precepto.

 

Ahora bien, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que no obstante establecerse una nueva obligación fiscal a cargo de los contribuyentes, se introducen elementos ambiguos e indeterminados que dejan lugar a la interpretación, permitiendo de esa manera la actuación arbitraria de la autoridad fiscal, en particular la actualización de posibles “errores” o advertir “información incompleta” en términos del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, cuyo incumplimiento pudiera incurrir en una infracción y sanción.

 

  • De la falta de proporción entre la norma reclamada con la finalidad de su creación fijada a través del proceso legislativo que le dio origen.

 

Asimismo, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que el mismo contraviene e incumple flagrantemente la finalidad por la cual fue aprobada la adición de dicho numeral, evidenciando la actuación arbitraria de la autoridad al supuesto amparo de la norma que nos ocupa (artículo 31-A CFF)

 

En efecto, lo anterior es así ya que el fin último de creación de la disposición que nos ocupa por los legisladores, fue el hecho de que con motivo de la desaparición del requisito de presentar dictamen formulado por contador público era necesario suplir la información que se eliminó, tal y como se advierte de la exposición de motivos del proceso legislativo, y en la especie, el único resultado de su implementación resulta ser la imposición de obligaciones adicionales y la permisión de la actuación arbitraria de la autoridad al crear un régimen de fiscalización contrario a derecho, toda vez que, por una parte, subsiste dicho dictamen pero de manera opcional y la obligación a que nos referimos en el presente boletín, aplica a todos los contribuyentes que realicen operaciones relevantes, cuando la información que se pretende suplir (esto es, la obtenida por motivo del dictamen formulado por contador público) únicamente aplicaba a ciertos contribuyentes en función de sus ingresos.

 

Lo anterior no obstante lo dispuesto en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se encuentra pendiente, al referir que únicamente los contribuyentes cuyas operaciones relevantes en el periodo (trimestrales) excedan de los $60,000,000.00, se encuentran obligados a presentar la información requerida, toda vez que el vicio de inconstitucionalidad deviene de la misma ley, esto es, del artículo 31-A del CFF.

 

  • Violación al principio de reserva de ley, al delegar al SAT facultades materialmente legislativas.

 

Como cuarta inconstitucionalidad advertida del artículo anteriormente citado, el precepto analizado causa un estado de incertidumbre e indefensión al contribuyente, violando así los artículos 89, fracción I y 133 Constitucionales en relación al principio de ley, toda vez que se otorgan facultades legislativas a la autoridad administrativa, para efectos de que mediante reglas de carácter general determine los sujetos, forma y elementos para efectos del cumplimiento de la obligación fiscal, situación que crea un estado de incertidumbre, trasgrediendo así lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

 

Lo anterior es así ya que el SAT, mediante reglas de carácter general e inclusive mediante la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”,  define:

 

  1. Cuáles son los supuestos considerados como operaciones relevantes cuya información a las autoridades fiscales se estima obligatoria (el qué de la obligación)
  2. La manera de enviar la información sobre dichas operaciones relevantes (el cómo de la obligación)
  3. Los plazos conforme a los cuales los contribuyentes obligados deberán enviarla (el cuándo de la obligación)
  4. Las personas físicas o morales que en función a determinada cuantía de las operaciones relevantes (inferiores a $60,000,000.00) se encuentran relevadas del cumplimiento de la obligación de informar sobre las mismas (el quién de la obligación e inclusive exime a determinados sujetos de la obligación de referencia)

 

En efecto, por lo anterior, se delega al SAT facultades materialmente legislativas, que no le competen a las autoridades administrativas, máxime si se observa que mediante dichas Reglas no solo se definen todos los elementos del cumplimiento de la obligación que nos ocupa, eso es, el qué, quién, cómo y cuándo, sino que también se prevé la posibilidad de ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal no previstas dentro de nuestros ordenamientos legales.

 

En ese sentido, es importante destacar que toda persona física o moral que se encuentre en el supuesto del artículo 31-A del CFF, esto es, que realice “operaciones relevantes” podrá acudir ante los Juzgados de Distrito competentes para lograr obtener la Protección y Amparo de la Justicia Federal, desincorporando de su esfera jurídica la obligación de informar al SAT la realización de dichas operaciones.

 

Cabe precisar que conforme a los términos previstos por la Ley de Amparo, la oportunidad procesal de solicitar el amparo relativo, vencería dentro de los 15 días hábiles posteriores al primer acto de aplicación de la obligación contenida en el artículo referido, esto es, al primer envío de la información a que se refiere el artículo 31-A del CFF (operaciones relevantes) a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s