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Impuesto al Valor Agregado. Criterio para determinar que un alimento no se encuentra preparado para su consumo y por lo tanto su enajenación se encuentra gravada a la tasa del 0%.

El Impuesto al Valor Agregado constituye un impuesto indirecto, que como regla general se grava a una tasa del 16% ó tratándose de la región fronteriza del 11%, sin embargo de conformidad con el artículo 2-A de la Ley del IVA, en casos de excepción se aplicará la tasa del 0% a los actos o actividades que el propio numeral enlista.

Entre otros bienes cuya enajenación se encuentra sujeta a la tasa del 0% para efectos del pago del Impuesto al Valor Agregado, se encuentran los destinados a la alimentación, de conformidad con lo establecido por el artículo de referencia en su fracción I, inciso b), mismo que señala textualmente lo siguiente:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

“Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.-      La enajenación de:

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

 

  1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias.

 

  1. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos.

 

  1. Caviar, salmón ahumado y angulas.

 

  1. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.

 

  1. Chicles o gomas de mascar.

 

  1. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

 

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Ahora bien, tal y como se advierte del último párrafo, tratándose de la enajenación de alimentos que se encuentren preparados para su consumo, les será aplicable la tasa del 16% u 11% según corresponda, ello con independencia de que el consumo se lleve a cabo o no en el lugar de la enajenación.

Bajo dicho orden, resulta imprescindible esclarecer que debe entenderse por “preparado para su consumo” tomando en cuenta que las normas de carácter tributario referentes a los elementos esenciales del impuesto, como lo es la tasa, son de aplicación estricta, así tenemos que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, por preparar debe entenderse “La acción de prevenir, disponer o hacer algo con una finalidad // Hacer las operaciones necesarias para obtener un producto”.

En este sentido, algo “preparado para su consumo” es aquello que ya está dispuesto o hecho para ser ingerido, es decir, algo que no requiere en lo absoluto, de ningún procedimiento adicional por parte del adquirente, sin la cual el producto no podría ser ingerido, más que en su caso, calentarlos.

La anterior definición obtenida conforme a la interpretación gramatical, ha sido confirmada por los Tribunales a través de la siguiente tesis publicada en el semanario juridicial de la federación el 11 de septiembre de 2015, la cual señala lo siguiente:

“VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA MEZCLA DE CAFÉ EN POLVO TRIBUTA CONFORME A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO, POR NO ESTAR PREPARADO PARA SU CONSUMO”.

Del catálogo de bienes cuya enajenación está sujeta a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado, se encuentran los destinados a la alimentación, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la ley de dicha contribución; sin embargo, del último párrafo de esa fracción se advierte que la enajenación de alimentos preparados para su consumo no se grava conforme a dicha tasa, sino que le resulta aplicable la general del 16% o del 11%, según la zona, con independencia de que el consumo se lleve a cabo o no en el lugar de la enajenación, pues esto es irrelevante para la norma. Así, los alimentos “preparados para su consumo” son aquellos que están dispuestos o hechos para ser ingeridos, conforme a la interpretación gramatical y aplicando la semántica jurídica al enunciado normativo, sin ninguna intervención por el adquirente. De manera que una acepción razonable de un alimento “preparado para su consumo” indica, conforme a la sana razón, que se trata de aquel que no requiere de proceso adicional alguno para consumirse; de ahí que la circunstancia de agregar un líquido a una mezcla en polvo, por simple o fácil que pueda ser, resulta determinante para convertirlo en el producto final, pues con ese acto se transforma radicalmente y cambia su composición de un sólido a un líquido, o sea, de un producto que habitualmente no sería comprado para ser ingerido en su estado original, a otro que suele ser de consumo habitual y por eso se enajena. Entonces, no es suficiente ni determinante que se haya tenido que someter un producto a cierto proceso para convertirlo en una mezcla en polvo y que con ello le haya agregado un valor al bien inicial, pues conforme a la literalidad de la norma, ello no es lo que colma la hipótesis para que se pague la tasa del 16%, sino que es necesario que el producto se encuentre apto para el consumo sin necesidad de algún proceso adicional. Por tanto, la enajenación de la mezcla de café en polvo tributa conforme a la tasa del 0% del impuesto relativo, por no estar preparada para su consumo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 449/2014. 9 de febrero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Conforme a lo anterior, tenemos que si un alimento fue sometido a determinado procedimiento agregándose con ello un valor al bien inicial, no significa que deba estar gravado a la tasa del 16% u 11%, sino que es necesario que el producto se encuentre apto para el consumo sin necesidad de algún tipo de proceso adicional.

En efecto, tal y como se advierte del criterio antes citado, en el cual se expone el caso particular de la mezcla de café en polvo el cual fue sometido a un procedimiento para lograr dicha mezcla en polvo, sin embargo el mismo no puede ser ingerido en su estado original, sino que es necesario que el consumidor le agregué leche o agua cambiando su estado de un sólido o líquido, razón por la cual al no estar preparado para su consumo, tributa a una tasa del 0%.

En conclusión, el criterio de referencia nos ayuda a poder determinar si los productos que los contribuyentes enajenan, en particular los alimentos, son considerados como no preparados para su consumo y por tanto sujetos de aplicarles el beneficio de la tasa del 0%, pues es importante mencionar que cuando un contribuyente realiza actos o actividades sujetos a la tasa del 0%, puede trasladar el impuesto al consumidor aunque el resultado de dicha operación arroje que deberán pagarse al fisco el monto de cero, y posteriormente acreditarlo, pudiendo el contribuyente solicitar la devolución del saldo a favor que en su caso llegue a originarse.

Esperando que esta información sea de su utilidad, quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda o realizar un análisis más profundo sobre el tema.

 

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La entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), se considera práctica fiscal indebida cuando el emisor únicamente remite al cliente a una página de Internet.

Al entrar en vigor la reforma fiscal 2014, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29 primer párrafo, limita la obligación de expedir de comprobantes fiscales por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribución que se efectúen, a solo comprobantes fiscales digitales por Internet, eliminando así la posibilidad de entregar cualquier otro tipo de comprobantes fiscales.

Dicho artículo, entre otras obligaciones establece en su fracción V. la de entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

“Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.

 Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

  1. Una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria o, en su caso, del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal.

Derivadas las obligaciones señaladas en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y en función de facilitar la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet, muchas empresas en su mayoría del giro restaurantero y de autoservicio optaron por establecer una página de internet mediante la cual el cliente capture sus datos fiscales y bien solicite el comprobante fiscal por medio de la misma.

En principio podríamos concluir que esta práctica es válida y bien atiende al requisito de poner a disposición de sus clientes dicho comprobante fiscal digital de acuerdo con la fracción V del Articulo 29 del Código Fiscal de la Federación.

No obstante lo anterior a autoridad considera que esta práctica fiscal es indebida, motivo por el cual publicó en el diario oficial de la federación el 7 de enero de 2015 mediante la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 en su Anexo 3, (reafirmada en la publicación en el Anexo 3 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 el día 10 de julio de 2015) un criterio normativo no-vinculativo, en el cual señala que considera que realiza una práctica fiscal indebida el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

Dicha práctica se considera indebida, ya que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, ya que traslada al receptor del comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su posterior emisión.

 ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL 2015

01/CFF/NV.      Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet.

                               El artículo 29, primer párrafo del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, para lo cual de conformidad con su fracción IV, antes de su expedición deberán remitirlos al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, es decir, se valide el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A del mismo Código, se le asigne un folio y se le incorpore el sello digital del SAT.

                               Por su parte, el artículo 29, fracción V del citado ordenamiento prevé que una vez que al comprobante fiscal digital por Internet se le haya incorporado el sello digital a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet y, cuando les sea solicitada por el cliente, su representación impresa, por lo que se considera que el contribuyente que solicita el comprobante fiscal sólo debe proporcionar su clave en el RFC para generarlo, sin necesidad de exhibir la Cédula de Identificación Fiscal.

En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.

En efecto, dicha práctica se considera indebida, ya que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal y tampoco con su remisión al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet con el objeto de que se certifique, ya que traslada al receptor del comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su posterior emisión.

Ahora bien, en el entendido de que la obligación de cumplir con los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación recae sobre el emisor de los comprobantes fiscales digitales, el mismo en principio se hace acreedor a la multa señalada en el Articulo 84 fracción IV del mismo ordenamiento, por caer en la infracción señalada en el artículo 83 fracción VII.

“CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

“Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este Código, las siguientes:

VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, así como no atender el requerimiento previsto en el quinto párrafo del artículo 29 de este Código, para proporcionar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet.

“CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”

Artículo 84. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones:

  1. Para el supuesto de la fracción VII, las siguientes, según corresponda:
  2. a) De $12,070.00 a $69,000.00. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días; para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.
  3. b) De $1,210.00 a $2,410.00 tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En caso de reincidencia, adicionalmente las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso anterior.
  4. c) De $12,070.00 a $69,000.00 tratándose de contribuyentes que cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114 del Reglamento de dicha Ley, según corresponda. En caso de reincidencia, además se revocará la autorización para recibir donativos deducibles.

 Por contraparte tenemos al contribuyente al cual le emiten el comprobante fiscal digital por internet que bien podría adquirir una postura de tranquilidad al considerar la anterior como una obligación del emisor y así no poner en discusión la deducibilidad de dicho comprobante.

No obstante lo anterior SI existe un riesgo de que la autoridad considere como no-deducibles dichos comprobantes, porque aun y cuando no sea un requisito del contribuyente a favor de quien se expide el comprobante, es un requisito que debe contener el comprobante fiscal de acuerdo con el 29 del Código Fiscal de la Federación, y por lo tanto está en condiciones de descalificar la deducibilidad del comprobante fiscal.

Como apoyo de lo anterior, transcribo a continuación una tesis del 29 de mayo de 2014.

COMPROBANTES FISCALES. REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, constriñen al contribuyente a favor de quien se expiden los comprobantes fiscales, por una parte, a cerciorarse que el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos sean correctos y, por otra parte, a verificar que tales comprobantes contengan impresos tanto el domicilio fiscal como los datos a los que se ha hecho referencia con inmediata antelación, de la persona que los expida, entendiéndose que dicho cercioramiento únicamente vincula al usuario de los documentos a verificar que el nombre, razón o denominación social del prestador de los servicios coincida con el dato relativo a la clave del registro federal de contribuyentes que se contenga impresa en los mismos, en la inteligencia de que tal exigencia legal no comprende la comprobación de las obligaciones fiscales a cargo del emisor del documento; por lo que si un comprobante contiene una anomalía que no le es imputable al contribuyente sino forma parte de los deberes en materia contributiva del emisor del documento, tal situación no debe trascender a la afectación del derecho que tiene el primero de ellos para acreditar el beneficio fiscal correspondiente, siempre que de los requisitos legales que al efecto se prevén en materia de deducciones, no se advierta que forme parte de ellos, sin que tal circunstancia implique que se restrinjan las facultades de comprobación de las autoridades para revisar la documentación y, en su caso, determinar omisiones o sanciones respeto de tales obligaciones, pues ello deberá realizarse a la luz de las normas que regulen esas situaciones de manera específica y, no así como requisito de procedencia de la deducción que se pretende.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1050/12-20-01-3/1315/13-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de mayo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de mayo de 2014)

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 40. Noviembre 2014. p. 523

En conclusión al presente estudio, es importante tener claros los requisitos fiscales que deben contener los comprobantes fiscales, para tal efecto la recomendación es, cerciorarse por lo menos de las operaciones más importantes que se lleven a cabo, de que los requisitos establecidos en las leyes fiscales para efectos de deducibilidad estén cumpliéndose a cabalidad y exigir al emisor el cumplimiento de sus obligaciones en materia de emisión de comprobantes fiscales, en especial para el caso del Articulo 29 del Código Fiscal de la Federación fracción V, mismas que de no cumplirse, se consideran una práctica fiscal indebida por parte del emisor, no obstante, es un requisito de deducibilidad y por lo tanto pudieran en algún momento limitar la deducibilidad los gastos, inversiones, etc., que se llevaran a cabo.

Lo anterior, por el hecho de que existen elementos sólidos en los cuales la autoridad pudiera basarse para no permitir la deducibilidad de los gastos soportados por los comprobantes fiscales digitales por internet que se entreguen o pongan a disposición del comprobante fiscal digital por internet por medio de una página de internet.

IVA Servicios Parciales de Construcción (Inmuebles destinados a casa habitación)

Con fecha 26 de marzo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales (en adelante, el “Decreto”), dentro de las cuales destaca un estímulo fiscal que será aplicable contra el Impuesto al Valor Agregado causado por la prestación de los servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación.

 

Conforme con sus considerandos, el Ejecutivo Federal refirió que con el propósito de complementar aún más los apoyos que ha venido estableciendo a partir del mes de enero de 2015 dentro del sector de la construcción de la vivienda, otorgaría un nuevo beneficio fiscal en materia de impuesto al valor agregado (IVA) para todos aquellos prestadores de servicios parciales de construcción destinada a vivienda, evitando así que dicho gravamen impactare en un incremento en su precio final y por tanto, beneficiando a las familias mexicanas al facilitarles la adquisición de una vivienda de calidad.

 

Bajo dicho orden, según se aprecia de su Artículo Primero, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados única y exclusivamente a casa habitación, siempre y cuando el prestador de servicio proporcione la mano de obra y materiales, y se preste en la obra en construcción al propietario del inmueble, quien deberá ser titular del permiso, licencia o autorización de la construcción de la vivienda correspondiente.

 

El estímulo en cuestión, se hace consistir en una cantidad equivalente al 100% del IVA que se cause por la prestación de dichos servicios, y se aplicará contra el impuesto causado.

 

Respecto de los requisitos cuya actualización se requiere para su aplicación, los Artículos Segundo y Cuarto del Decreto enlistan básicamente los siguientes:

 

I.-        No trasladar al prestatario cantidad alguna por concepto de IVA.

 

II.-       Expedir los comprobantes fiscales correspondientes, mismos que además de cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales, deberán contener el domicilio del inmueble en el que se proporcionaron los servicios; y el número de permiso, licencia o autorización de construcción que le haya proporcionado el prestatario de los servicios parciales de construcción.

 

III.-      Recabar del prestatario de los servicios una manifestación en donde se asiente que los inmuebles en construcción se destinan a casa habitación, número de licencia, permiso o autorización de construcción, así como su voluntad de asumir responsabilidad solidaria en términos del artículo 26, fracción VIII del CFF por el IVA que corresponda al servicio parcial de construcción proporcionado, en el caso de que altere el destino de casa habitación.

 

IV.-      Manifestar en la declaración del IVA el monto de los servicios parciales de construcción de los inmuebles destinados a casa habitación como una actividad por la que no se debe pagar dicho impuesto.

 

V.-       Presentar en el mes de enero de cada año un aviso en donde manifiesten que optan por el beneficio mencionado, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general.

 

Lo anterior, en entendido de que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes enlistados, hará improcedente la aplicación del estímulo.

 

De ser su deseo ejercer el estímulo, lo invitamos a verificar la debida actualización y observancia de todos y cada uno de los requisitos enlistados, en el entendido de que al no exceptuarse la intermediación o subcontratación, la relación propietario y contratista podría perfeccionarse a través de actos secundarios, circunstancia que podría llevarse a cabo atendiendo a las particularidades de cada caso.

 

Esperando sea de utilidad la información aquí proporcionada, quedamos como siempre a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Información de Operaciones Relevantes

Uno de los importantes cambios que sufrimos por motivo de la Reforma Fiscal para el Ejercicio Fiscal de 2014 y subsecuentes, particularmente por lo que hace al Código Fiscal de la Federación (CFF), es la nueva obligación aplicable tanto a personas físicas como personas morales contenida en el artículo 31-A del CFF, consistente en presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información relativa a las denominadas “Operaciones Relevantes” dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron.

 

Primeramente, cabe hacer mención que dicha obligación nació según la exposición de motivos por parte de nuestro poder ejecutivo, por la supuesta necesidad de la administración tributaria de suplir la información que era obtenida mediante el requisito de presentar dictamen formulado por contador público y el cual se eliminó, por virtud del cual determinados contribuyentes proporcionaban a la autoridad fiscal información sobre distintos rubros.

 

Ahora bien y no perdiendo de vista que aunque el antedicho requisito de presentar dictamen formulado por contador público, no era aplicable a todos los contribuyentes, la nueva obligación contenida en el artículo 31-A del CFF sí lo es, por lo que a partir del 1° de Enero de 2014, todos los contribuyentes que efectúen alguna de las denominadas “operaciones relevantes” deberán presentar la información relativa a las mismas, conforme al calendario que para tal efecto determine el SAT y que señalaremos posteriormente.

 

Bajo dicho orden, cabe hacer mención de manera enunciativa más no limitativa, a cuáles son para la autoridad fiscal las “operaciones relevantes” que deben ser informadas conforme a la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)” y que a groso modo, se distinguen en 5 categorías:

 

  1. Operaciones financieras establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley del ISR vigente (pago de cantidades iniciales por operaciones financieras que hayan representado más del 20% del valor del subyacente, operaciones financieras con fines de cobertura comercial, operaciones financieras con fines de negociación, operaciones financieras donde el principal, los intereses y accesorios proviene de la segregación de un título de crédito o cualquier instrumento financiero, entre otros).

 

  1. Operaciones de precios de transferencia (realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de un 20% del valor original de un tipo de transacción con partes relaciones correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables, realización de ajustes en el ejercicio actual que han modificado en más de $5,000.00 el valor original de un tipo de transacción con partes relacionados correspondientes a ejercicios anteriores para quedar pactadas como lo harían con o entre partes independientes en operaciones comparables, entre otros.)

 

  1. Participación en el capital y residencia fiscal (cambio de socios o accionistas en sociedades, enajenación de acciones, cambio de residencia fiscal del extranjero a México, entre otros).

 

  1. Reorganización y reestructuras (reestructura o reorganización por enajenación de acciones, cambio de modelo de negocios a partir del cual realice o dejó realizar alguna función como: maquila o manufactura de bienes propiedad de un residente en el extranjero, distribución o comercialización de bienes adquiridos de un residente en el extranjero, entre otros).

 

  1. Otras operaciones relevantes (enajenación de bienes intangibles, enajenación de bienes por fusión o escisión, enajenación de activos financieros, entre otros).

 

En ese sentido, si algún contribuyente ya sea persona física o moral se encuentra dentro de los supuestos de “operaciones relevantes” a qué hace mención la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”, se encuentra obligado a presentar dicha forma a través de la página de internet del SAT de forma mensual, según lo dispuesto en la Regla I.2.8.1.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 en relación con el Resolutivo Noveno de la Séptima Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, y la Regla 2.8.1.16  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, de conformidad con el siguiente calendario:

 

Declaración del mes Fecha límite de presentación
Operaciones celebradas durante el ejercicio 2014 presentando una sola forma oficial No. 76 en donde se engloben las mismas. 30 de abril de 2015 (Próxima prórroga a publicarse en el Diario Oficial de la Federación al 31 de Diciembre de 2015 mediante el Resolutivo Tercero de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015)
Enero, febrero y marzo del ejercicio 2015 Último día del mes de mayo de 2015.
Abril, mayo y junio del ejercicio 2015 Último día del mes de agosto de 2015.
Julio, agosto y septiembre del ejercicio 2015 Último día del mes de noviembre de 2015.
Octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2015 Último día del mes de febrero de 2016.

Ahora bien y en virtud del análisis que nuestro equipo se ha dado a la tarea de realizar respecto de los ordenamientos jurídicos que regulan la nueva obligación a que se refiere el presente boletín, consideramos que existen diversos puntos de inconstitucionalidad que son factibles argumentar para obtener el Amparo de la Justicia Federal a través de la presentación de una demanda de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito competentes, ello de acuerdo a lo siguiente:

 

  • Ausencia de una orden debidamente fundada y motivada.

 

Como primera inconstitucionalidad advertida del artículo 31-A del CFF, tenemos que el mismo resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, en virtud de que obliga a los contribuyentes a informar sobre operaciones que se consideren relevantes al SAT, sin que para tal efecto medie una orden debidamente fundada y motivada que la faculte para ello, por lo que exige de los contribuyentes la aportación de información privada, sin que para tal efecto se haya emito un mandamiento escrito que expresamente autorice la práctica de una facultad de comprobación.

 

Asimismo se permite a la autoridad administrativa ejercer facultades de comprobación, requerir y sancionar e inclusive, sin que para ello medie orden debidamente fundada y motivada, ni un procedimiento al cual deba constreñirse la autoridad en aras de salvaguardar los derechos del particular y evitar una actuación arbitraria por parte de la misma, lo anterior máxime si se considera que la información que pretende obtener la autoridad fiscal, expone la secrecía y confidencialidad del contribuyente sin que exista un procedimiento debidamente reglado para efectos de su tratamiento, y a su vez, se actualiza una ampliación de los plazos legales para el desarrollo de facultades de comprobación al revisar documentos que en su caso podrían únicamente obtenerse en el ejercicio de facultades de comprobación debidamente regladas y contenidas en el Código Fiscal de la Federación.

 

  • De la ilegalidad e inseguridad jurídica ocasionada por virtud de la arbitrariedad del precepto.

 

Ahora bien, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que no obstante establecerse una nueva obligación fiscal a cargo de los contribuyentes, se introducen elementos ambiguos e indeterminados que dejan lugar a la interpretación, permitiendo de esa manera la actuación arbitraria de la autoridad fiscal, en particular la actualización de posibles “errores” o advertir “información incompleta” en términos del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, cuyo incumplimiento pudiera incurrir en una infracción y sanción.

 

  • De la falta de proporción entre la norma reclamada con la finalidad de su creación fijada a través del proceso legislativo que le dio origen.

 

Asimismo, el artículo en comento resulta violatorio a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que el mismo contraviene e incumple flagrantemente la finalidad por la cual fue aprobada la adición de dicho numeral, evidenciando la actuación arbitraria de la autoridad al supuesto amparo de la norma que nos ocupa (artículo 31-A CFF)

 

En efecto, lo anterior es así ya que el fin último de creación de la disposición que nos ocupa por los legisladores, fue el hecho de que con motivo de la desaparición del requisito de presentar dictamen formulado por contador público era necesario suplir la información que se eliminó, tal y como se advierte de la exposición de motivos del proceso legislativo, y en la especie, el único resultado de su implementación resulta ser la imposición de obligaciones adicionales y la permisión de la actuación arbitraria de la autoridad al crear un régimen de fiscalización contrario a derecho, toda vez que, por una parte, subsiste dicho dictamen pero de manera opcional y la obligación a que nos referimos en el presente boletín, aplica a todos los contribuyentes que realicen operaciones relevantes, cuando la información que se pretende suplir (esto es, la obtenida por motivo del dictamen formulado por contador público) únicamente aplicaba a ciertos contribuyentes en función de sus ingresos.

 

Lo anterior no obstante lo dispuesto en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se encuentra pendiente, al referir que únicamente los contribuyentes cuyas operaciones relevantes en el periodo (trimestrales) excedan de los $60,000,000.00, se encuentran obligados a presentar la información requerida, toda vez que el vicio de inconstitucionalidad deviene de la misma ley, esto es, del artículo 31-A del CFF.

 

  • Violación al principio de reserva de ley, al delegar al SAT facultades materialmente legislativas.

 

Como cuarta inconstitucionalidad advertida del artículo anteriormente citado, el precepto analizado causa un estado de incertidumbre e indefensión al contribuyente, violando así los artículos 89, fracción I y 133 Constitucionales en relación al principio de ley, toda vez que se otorgan facultades legislativas a la autoridad administrativa, para efectos de que mediante reglas de carácter general determine los sujetos, forma y elementos para efectos del cumplimiento de la obligación fiscal, situación que crea un estado de incertidumbre, trasgrediendo así lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

 

Lo anterior es así ya que el SAT, mediante reglas de carácter general e inclusive mediante la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes (artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación)”,  define:

 

  1. Cuáles son los supuestos considerados como operaciones relevantes cuya información a las autoridades fiscales se estima obligatoria (el qué de la obligación)
  2. La manera de enviar la información sobre dichas operaciones relevantes (el cómo de la obligación)
  3. Los plazos conforme a los cuales los contribuyentes obligados deberán enviarla (el cuándo de la obligación)
  4. Las personas físicas o morales que en función a determinada cuantía de las operaciones relevantes (inferiores a $60,000,000.00) se encuentran relevadas del cumplimiento de la obligación de informar sobre las mismas (el quién de la obligación e inclusive exime a determinados sujetos de la obligación de referencia)

 

En efecto, por lo anterior, se delega al SAT facultades materialmente legislativas, que no le competen a las autoridades administrativas, máxime si se observa que mediante dichas Reglas no solo se definen todos los elementos del cumplimiento de la obligación que nos ocupa, eso es, el qué, quién, cómo y cuándo, sino que también se prevé la posibilidad de ejercer facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal no previstas dentro de nuestros ordenamientos legales.

 

En ese sentido, es importante destacar que toda persona física o moral que se encuentre en el supuesto del artículo 31-A del CFF, esto es, que realice “operaciones relevantes” podrá acudir ante los Juzgados de Distrito competentes para lograr obtener la Protección y Amparo de la Justicia Federal, desincorporando de su esfera jurídica la obligación de informar al SAT la realización de dichas operaciones.

 

Cabe precisar que conforme a los términos previstos por la Ley de Amparo, la oportunidad procesal de solicitar el amparo relativo, vencería dentro de los 15 días hábiles posteriores al primer acto de aplicación de la obligación contenida en el artículo referido, esto es, al primer envío de la información a que se refiere el artículo 31-A del CFF (operaciones relevantes) a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.

 

Boletín informativo: Revisiones Secretaría de Trabajo y Previsión Social

En meses recientes hemos percibido un aumento considerable en las revisiones ordinarias y extraordinarias practicadas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tanto a empresas dedicadas a la fabricación y enajenación de bienes así como a la prestación de servicios.

En particular, la autoridad revisora realiza un escrutinio minucioso y a detalle sobre el cumplimiento de obligaciones patronales en los siguientes rubros:

 

 

  • Condiciones generales de trabajo. 
  • Capacitación y adiestramiento. 
  • Seguridad e higiene.

 

 

En tal virtud, del análisis a los procedimientos de revisión practicados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos hemos percatado de violaciones graves a los derechos de los patrones, ello derivado del incumplimiento a las formalidades esenciales que generan un total estado de indefensión frente al actuar de las autoridades revisoras.

 

 

Lo anterior, cobra especial relevancia dado que a determinadas empresas que inclusive cumplen a cabalidad con la normatividad aplicable, se le han impuesto multas de cuantía importante, llegando en algunos casos a los 900 mil a un millón de pesos, con la consecuente lesión económica y administrativa.

 

 

En ese sentido, es importante destacar que los patrones cuentan a su favor con la oportunidad de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para lograr la nulidad de la resolución continente de las multas, ello dentro de los siguientes términos:

 

  • 15 días hábiles a partir de su notificación tratándose de multas inferiores a la cantidad de $127,932.50 (ciento veintisiete mil novecientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) para el año 2015.

 

  • 45 días hábiles tratándose de multas superiores a la cantidad de a la cantidad de $127,932.50 (ciento veintisiete mil novecientos treinta y dos pesos 50/100 M.N.) para el año 2015.

 

 

Cabe precisar, que atendiendo a los criterios que han emitido diversos Órganos Jurisdiccionales tratándose de multas impuestas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lograr la nulidad de las multas tiene altas posibilidades de éxito existiendo inclusive la posibilidad de solicitar la inaplicación de las normas que establecen cargas a los patrones, léase leyes y reglamentos o Normas Oficiales Mexicanas por resultar violatorias de garantías constitucionales.

 

Así, en caso de que sea de su interés realizar un análisis a profundidad del cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de seguridad social y previsión social, podemos realizar un estudio minucioso y a detalle de las normas de trabajo que le aplican, en donde concluiremos sobre áreas de oportunidad para mejorar y/o recomendaciones con el objeto de evitar contingencias innecesarias en dicha materia.

 

Asimismo, si se encuentra sujeta a facultades de verificación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o le han impuesto alguna multa derivado de una revisión, nos ponemos a sus órdenes para revisar el procedimiento llevado a cabo buscando la nulidad de las multas que en su caso se le determinen.

 

Boletín informativo: Nueva oportunidad procesal para interponer amparos en contra de las Reformas Fiscales 2014

Derivado de la reforma fiscal que entró en vigor a partir del 1º de enero de 2014, distintos contribuyentes ejercieron a principios del ejercicio 2014 el derecho a interponer juicio de amparo en contra de diversas normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación, principalmente, contra la no deducción total de pagos exentos realizados a los trabajadores, prohibición de dar efectos fiscales a la revaluación de inventarios o costo de lo vendido, no deducción de la cuota obrera pagada por el patrón, limitación a los pagos efectuados por concepto de previsión social, incremento a la tasa del ISR para personas físicas y sector primario (antes Régimen Simplificado), obligación de llevar una contabilidad en línea con la autoridad hacendaria, entre otras disposiciones más.

 

Es el caso, que distintos amparos promovidos en las materias antes enlistadas, han sido resueltos de manera favorable para los intereses de los contribuyentes, o cuentan con altas posibilidades de éxito considerando las violaciones constitucionales en las que se incurren, motivo por el cual, dado que se presenta una nueva oportunidad procesal para su interposición con base en la declaración anualdel ejercicio 2014 (entre otros actos dependiendo de la materia), nos permitimos hacer de su conocimiento las materias que de ser su deseo, pudieran ser materia para la interposición eventual de un amparo por virtud de su primer acto de aplicación:

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CONCEPTO ARTICULO EFECTOS
 

QUEJOSOS: PERSONAS MORALES

PRIMER ACTO DE APLICACIÓN: DECLARACIÓN ANUAL 2014

OPORTUNIDAD PROCESAL: 15 DÍAS DESPUÉS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL.

 

1 INGRESOS EXENTOS TRABAJADORES Artículo 28, Fracción XXX. Se pretende que se reconozca la inconstitucionalidad de la limitante y como consecuencia se obtenga la deducción al 100%.
2 PREVISIÓN SOCIAL Artículo27, Fracción XI Se pretende que se reconozca la inconstitucionalidad de la limitante a trabajadores no sindicalizados y como consecuencia se obtenga la deducción al 100%.
3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Artículos 74 y 75. Se pretende que en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad, las AGAPES (Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras) continúen en el régimen simplificado y también gocen del beneficio de reducción del impuesto a pagar, ello con independencia de sus ingresos, basándoseúnicamente en el sector que representan.
4 ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS. Artículo 39, último párrafo. Se pretende que los inventarios para efectos del costo puedan ser actualizados (Artículo 45-F de la Ley Abrogada).
 

QUEJOSOS: PERSONAS FÍSICAS

PRIMER ACTO DE APLICACIÓN: DECLARACIÓN ANUAL 2014

OPORTUNIDAD PROCESAL:

5) 15 DÍAS DESPUÉS A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL

6)     ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE DECRETEN DIVIDENDOS DERIVADOS DEL EJERCICIO 2014,Y SE RETENGA LA SOBRETASA POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

 

5 TASA GRADUAL/ DEDUCCIONES PERSONALES Artículos 151, último párrafo y 152 Se pretende que puedan realizarse las deducciones personales al 100% sin limitación alguna.
6 IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. Artículo 140 y Noveno Transitorio Fracción XXX. Se pretende obtener la declaratoria de inconstitucionalidad y en consecuencia la eliminación de la sobretasa del 10%.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
  CONCEPTO ARTÍCULO EFECTOS
 

QUEJOSOS: CUALQUIER CONTRIBUYENTE SUJETO A LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR SU CONTABILIDAD EN LÍNEA CON BASE EN EL NUMERAL RECLAMADO.

 

·       AUTOAPLICATIVA:

 

30 DÍAS SIGUIENTES AL 1° DE ENERO DE 2015, FECHA EN LA CUAL ENTRÓ EN VIGOR EL ARTÍCULO, 22, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

OPORTUNIDAD PROCESAL: 12° DE FEBRERO DE 2015.

 

·       HETEROAPLICATIVA:

 

PRIMER ACTO DE APLICACIÓN:

A. ACUSE DEL PRIMER ENVÍO DE INFORMACIÓN AL PORTAL DEL SAT. (CONTABILIDAD EN LÍNEA/INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES)

B. PRIMERA NOTIFICACIÓN EFECTUADA POR PARTE DEL SAT A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO.

 

OPORTUNIDAD PROCESAL: 15 DÍAS DESPUÉS DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN, O DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA VÍA BUZÓN TRIBUTARIO.

 

7 CONTABILIDAD EN LÍNEA Artículo 28, fracción IV Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de subir al portal del SAT su información contable.
8 BUZÓN TRIBUTARIO Artículo 17, fracción k Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la posibilidad de que las autoridades administrativa efectúen notificaciones a través de dicho medio.
9 INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES Artículo 31-A Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de informar al SAT las operaciones relevantes.